La tortura, violación y el tiro de gracia que recibieron cinco personas –entre ellas el reportero gráfico Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera– el pasado 31 de julio en la colonia Narvarte de la Ciudad de México revelan una acción de sicarios, perpetrada por personas que “llevaban consigna”, además de la participación de cuatro o cinco victimarios.
Fernando Ruiz Canales, presidente del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos y quien desde 1991 se dedica a investigar y estudiar perfiles de secuestradores, sostiene que quienes perpetraron el crimen fueron “asesinos a sueldo”.
Por su parte Max Morales, abogado criminalista y quien realizó el perfil psicológico del secuestrador Daniel Arizmendi, El Mochaorejas, echa abajo la hipótesis de la procuraduría capitalina, que tiene entre sus principales líneas de investigación la del robo. “Es una fantasía”, asegura, lo dicho por las autoridades porque no está debidamente sustentado. Y centra su atención en la maleta sustraída y en que no se llevaron las computadoras portátiles ni los teléfonos inteligentes.
En entrevista, este criminólogo que ha participado en el esclarecimiento de algunos multihomicidios ocurridos en la Ciudad de México no descarta como móvil el “crimen político”; sin embargo, aclara que sólo lo ve como una posibilidad, pues se inclina más hacia robo de información, dinero o droga, pues “la tortura” se aplica para obtener información.
Ambos investigadores coinciden en el reclamo a las autoridades por la falta de secrecía y la filtración de datos de la investigación.
Cadena rota
Entre las primeras fallas de la procuraduría capitalina destaca que no se cumplió “la cadena de custodia”; es decir, no se preservó intacta la escena del crimen; no se hizo el perfil del delincuente ni la victimología, que significa investigar “por qué te pasó lo que te pasó y con ello llegas al responsable. Si aplicas la psicología del delito vas a entender la naturaleza del mismo y por qué operó de tal forma”, dice Ruiz Canales a Proceso.
Además demanda que al único detenido y consignado hasta ahora, Daniel Pacheco Gutiérrez, se le aplique el polígrafo –en presencia de representantes de derechos humanos– y se le haga un análisis de estrés de voz.
Basado sólo en las declaraciones que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha filtrado, Max Morales considera que el amago a las víctimas, la tortura, violación y los cinco “tiros de resolución”, se pueden perpetrar en 48 minutos, pero con la participación de cuatro o cinco personas y no sólo tres, como sostiene el detenido.
Descarta que se haya tratado de un robo a casa-habitación, como sostiene la autoridad. Argumenta: “Dejaron muchas cosas” de las que un ladrón profesional se lleva. “Iban por otra cosa”. Quien se dedica al robo de casas “no viola ni tortura. Te lesionan, te amagan… En un robo te amordazan y te dejan vivo. Entonces, ¿por qué cargar la violación, matarlas y torturarlas? Pues porque necesitas saber algo”, afirma.
No hay comentarios:
Publicar un comentario