Protección a periodistas, un callejón sin salida

Jorge Morales
19 08 15

Por La oleada imparable de asesinatos de periodistas en el país y en Veracruz y los casos más recientes que han estremecido al gremio, han reabierto el debate sobre el tema de la eficacia en la operación de los mecanismos de protección a periodistas que operan en México, según lo que he percibido en días recientes a través de pronunciamientos de actores políticos, sociales, intelectuales, comentarios de compañeros especialmente críticos. 

Resumo los posicionamientos:

- Los mecanismos de protección a periodistas no están funcionando o están fallando en algo.

- Los mecanismos de protección a periodistas no han detenido la ola de agresiones a periodistas.

- Algunos mecanismos, como el de Veracruz, no son confiables.

Basado en mi experiencia, las respuestas serían las siguientes:

 Los mecanismos de protección, más que no funcionar absolutamente, siguen operando con deficiencias, por supuesto, que deben corregirse. Sin ser exhaustivo, sólo diré que algunos áreas débiles que percibo, a grosso modo, estriban en relación a los tiempos de recepción y procesamiento de casos, aunado a la correcta substanciación de los procedimientos de queja o atención, partiendo del eje básico de la evaluación de riesgo como columna vertebral y terminando como las medidas de prevención, protección, de alerta temprana y reacción inmediata, como segundo y tercer eje. Pero, ojo, en un sistema institucional débil como el mexicano, es evidente que una sola falla, en un eslabón institucional, puede afectar todo el esquema. Una mala evaluación de riesgo, por ejemplo, desde la institución evaluadora, puede derivar en la implementación de acciones de prevención o protección erróneas, lo mismo sucede con una incorrecta implementación de los esquemas de prevención, protección y en su caso, fallas en los de alerta y reacción. Actualmente hay recursos que permiten a un periodista en riesgo, por ejemplo, percibir una amenaza con segundos de anticipación, notificar de una alerta y ser localizable para las autoridades y sus acciones operativas de intervención. Sin embargo, como muchos están enterados, no sólo hay fallas en estos sistemas que superan lo técnico para volverse humanos, sino también fallas en las mismas instituciones de seguridad, como ocurre en Veracruz, en donde hay una dependencia total a corporaciones de seguridad de auxilio que son disfuncionales, insisto, incluyendo a las Fuerzas Armadas, que no se escapan de esta situación, de los que por experiencia puedo decir que hay una baja confiabilidad.

En relación al segundo punto, hay algo de verdad en dicha afirmación, pero lo matizo: los mecanismos por sí mismos no están creados para combatir al crimen que se ha desbordado en Veracruz o en el país, ni a investigar los crímenes de periodistas para procurar o administrar justicia, pero ojo, sí pueden influir o presionar a las instituciones responsables e incluso, provocar sus reformas y cambios urgentes que las enderecen y obliguen a cumplir con sus responsabilidades. Hay una falacia en todo esto. Instituciones como la CEAPP, el mecanismo federal, las comisiones de derechos humanos y hasta la Comisión de Víctimas nacional, son entes burocráticos abocados hasta el momento a atender la parte más “light” y hasta cierto punto, “glamorosa”, del problema descrito -viviendo confortablemente del erario, presumiendo las estadísticas de atención a víctimas, prodigando apapachos a los desvalidos o dándoselas de muy progres en las redes sociales, en foros y saliendo en las noticias -, cuando en realidad son órganos autónomos de Estado cuyas facultades emanan del ordenamiento constitucional y de leyes especiales, que les dota de la fortaleza para ejercer una función de “control” institucional, esto es, emitiendo informes públicos sobre el estado de impunidad y la falta de justicia y seguridad en sus respectivos ámbitos y ante diversos poderes, realizando posicionamientos firmes y contundentes públicos sobre casos relevantes, así como estableciendo estrategias judiciales, de acciones y reformas, en conjunto con otros poderes y actores políticos, orientadas a superar las situaciones excepcionales y disfuncionales que les han dado vida, lo que significaría confrontarse con muchos intereses, arriesgar la chamba y hasta su vida, lo cual nadie hace, como si lo que pasa en el país nos diera para ser comedidos. En otras palabras, superar el absurdo institucional en el que estamos inmersos, de “naturalizar” o “normalizar” el estado de violencia y de impunidad que tolera el Estado Mexicano, que ante su incapacidad, ahora ha creado -¿ad perpetuam?- mecanismos de compensación y apoyo a las víctimas.  Mi pregunta siempre ha sido ¿entonces sí así estamos condenados a vivir esta vida, qué sentido tiene la existencia de un Estado como el mexicano, incapaz de garantizar derechos humanos básicos de su población y de las/os periodistas? Qué sigue ¿acostumbrarnos a una vida de ratones? ¿al desarraigo? ¿a tener un policía o un grupo de escoltas armados las 24 horas hasta para ir al baño? ¿a estar conectado a un microchip y tener una paranoia permanente? ¿de qué le sirve a la sociedad un periodista inutilizado en estas condiciones que ya ni puede ejercer el periodismo? ¿cuántos millones más se tendrán que desviar del erario a ese fin, a pagar burócratas? ¿cuántos millones se tendrán que dar en viviendas, mecanismos de protección y manutención a víctimas incapacitadas prácticamente para trabajar durante largo tiempo? Mi idea es que todas estas instituciones fraguadas en circunstancias de excepción en realidad tenga una existencia fugaz, para lo cual deben cumplir “PLENAMENTE” con su responsabilidad en el menor tiempo, con el menor de los recursos posibles pero con el mayor de los talentos, las voluntades y capacidades humanas.

Finalmente, sobre la pregunta del millón, ¿El mecanismo de Veracruz es confiable? “En lo técnico” puedo decir que sí. Afortunadamente puedo decir que tras un período de dificultades iniciales, el mecanismo de Veracruz se ha ido perfeccionado y vuelto más eficiente, gracias sobre todo a la receptividad de algunos funcionarios jóvenes con los que he tenido la oportunidad de interactuar todo este tiempo. Lo mismo, con sus bemoles, puedo decir del área de la Secretaría Ejecutiva. No puedo decir lo mismo del área de los comisionados, ente amorfo del que aún no percibo su sentido, si bien la idea, en teoría, era afortunada: reunir a empresarios, organizaciones civiles, académicos y de periodistas en un órgano colegiado deliberativo y rector de las acciones, políticas y estrategias. No todo está mal en este órgano, pero sí en diversas cuestiones importantes claves de las que en su momento y en otra oportunidad, podría detallar. Del presupuesto de CEAPP y el ejercicio de los recursos públicos, mejor ni hablar. La corrupción y/o abusos en el ejercicio de los recursos públicos, de la mano de los modelos burocráticos basados en el exceso, son un cáncer de la vida pública nacional y local y forman parte de nuestras taras idiosincráticas, como las visiones patrimonialistas de lo público, contra las que urge seguir luchando.

En suma, son todos aspectos que debemos tomar en cuanta a la hora de evaluar la efectividad de los mecanismos, replantear su operación y entender la necesidad de su existencia finita, antes de que las circunstancias nos lleven, de seguir en un piloto automático, inexorablemente, a un callejón sin salida.